La convocatoria contempla subvenciones para el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026 dentro de la denominada Intervención Sectorial Apícola (ISA), integrada en la nueva PAC. Podrán beneficiarse las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones apícolas, incluidas las de titularidad compartida, así como cooperativas y organizaciones representativas que acrediten al menos 150 colmenas.

Las ayudas se financian con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 y estarán cofinanciadas en un 50 por ciento por fondos FEAGA y hasta un máximo del 25 por ciento por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El plazo para presentar solicitudes comenzará mañana martes 12 de mayo y finalizará el 10 de junio de 2026.

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El sector lácteo, que atravesaba una situación coyunturalmente más equilibrada, se ha visto obligado, por la imposición de la parte compradora, a firmar contratos por tres meses con una caída del precio del 14%. Este nuevo marco ha frenado las inversiones, está provocando el abandono de granjas, y ha llevado a una reducción de la producción de leche a través de la disminución de los censos.

A este problema se suma el que sufre toda la ganadería, las consecuencias económicas de enfermedades animales cuyo control no está en manos del sector. Y también hay que añadir el estado de alerta permanente y de desconfianza que vive el campo ante las consecuencias que puede tener para el sector la entrada en vigor de acuerdos internacionales, como es el caso de Mercosur y otros que están en camino.

En medio de este clima de desánimo de los agricultores y ganaderos, desamparados además tanto por la Unión Europea como por el Estado y la Junta de Castilla y León, las organizaciones agrarias hemos convocado una manifestación que tendrá lugar el miércoles 20 de mayo, en Valladolid, y que con seguridad será seguida por otras medidas de protesta.

Las organizaciones convocantes reclamamos medidas políticas, arancelarias y fiscales para que bajen los costes de los  insumos, y para que repunten los precios de los productos, al menos hasta cubrir los costes de  producción, tal como fija y obliga la Ley de la Cadena Alimentaria.

Mientras los mercados no alcancen un equilibrio más justo, y a la vez continúen distorsionados por los grandes conflictos bélicos, las organizaciones agrarias exigen ayudas económicas más allá de las ya aprobadas, y recuerdan que, mientras que las del Estado nacieron escasas y ahora se han quedado todavía más cortas, la Unión Europea y la Junta de Castilla y León ni siquiera se han acordado de los agricultores y ganaderos. El sector reclama que al menos se cumpla con los mínimos que establece el Marco Temporal de Ayudas Estatales para la Crisis de Oriente Medio (METSAF), aprobado el pasado 29 de abril por la Comisión Europea, que establece que se pueda compensar, vía ayudas, hasta el 75% del coste adicional en el que, hasta finales de año, incurran los agricultores y ganaderos por el sobre coste de fertilizantes y carburantes.

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Estamos hablando de un 50 % de subida desde el inicio de la guerra de Irán el pasado 23 de febrero, y teniendo en cuenta que se trata del gasóleo profesional que utilizan los agricultores y ganaderos para producir alimentos se trata de unos costes absolutamente inasumibles durante mucho más tiempo, y sobre los que deberían actuar las distintas administraciones que se llevan un porcentaje muy importante vía impuestos sobre el precio final del combustible.

Por este motivo y en primer lugar, UPA CyL urge al Gobierno autonómico en funciones que deje de serlo y de actuar como tal en este tema, puesto que es “vergonzoso” el plan de medidas que presentó en su día, “puesto que solo se trata de fuegos de artificio, de banalidades y de inconcreciones que por supuesto no llegan a los profesionales agrarios”.

Al respecto, urgimos a la Junta de Castilla y León que implemente ayudas directas, como las aprobadas en marzo por el Ejecutivo central de 20 céntimos por cada litro de gasóleo.  De hecho, UPA reclama un apoyo directo que complemente esa cuantía que ya es notoriamente insuficiente teniendo en cuenta que la crisis del petróleo derivada de la guerra parece no tener fin.

En segundo lugar, pedimos al Gobierno central que en base al artículo 55 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo donde se aprobaba la ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por los titulares de vehículos que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional, se amplíe el plazo y vaya más allá del 30 de junio puesto que la situación no tiene visos de mejorar.

Recordemos que para los suministros de gasóleo realizados entre el 22 de marzo y el 30 de junio de 2026 el importe de la ayuda estatal asciende a 20 céntimos por cada litro de gasóleo para uso general utilizado como carburante en el motor de los vehículos que tienen derecho a la devolución parcial por el gasóleo de uso profesional.

UPA CyL espera de las administraciones competentes máxima responsabilidad, que insistimos no ha demostrado a día de hoy, sobre todo, la Junta de Castilla y León al hacer caso omiso de las peticiones concretas del sector agrario regional.

Lo cierto es que de las dos realidades constatables a  día de hoy, una es la de los 20 céntimos de euro por litro aprobados por el Gobierno central, que desgraciadamente ya se han quedado cortos. Y la segunda realidad es que los agricultores y ganaderos pagamos el doble de precio por el gasóleo profesional respecto a hace dos meses y que estamos siendo víctimas una vez más de la especulación alrededor de una  fuente de energía necesaria, estratégica e insustituible a día de hoy para mantener la producción de alimentos en niveles seguros y estables.

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Estamos hablando de la enfermedad más peligrosa para este cultivo con la evidencia constatada de que otros fungicidas pueden ser inútiles habiendo muestras de que hay cepas resistentes a los mismos, lo que nos lleva a pensar que el único tratamiento eficaz solo sea el UNIVOQ.

A UPA CyL le preocupa sobremanera que la única herramienta útil que tienen los profesionales remolacheros para reducir el riesgo de desarrollo de esta enfermedad fúngica, cuya plaga supone la devastación del cultivo entero, no se permita utilizar cuando está demostrada su eficacia como herramienta de sanidad vegetal. 

En este sentido, pedimos a la Junta que traslade al Ministerio de Agricultura que en esta campaña 2026, al igual que en el año 2025 se permita excepcionalmente el uso de esta herramienta que a modo de medicamento para las plantas permita un año más la sostenibilidad y el mantenimiento de la remolacha azucarera en Castilla y León.

UPA CyL ha recordado a la Consejería de Agricultura la necesidad de que una de las regiones más importantes en producción de remolacha, como es Castilla y León, encabece la petición de que nuestro país, como han hecho otros, soliciten a las autoridades europeas el uso de emergencia del único producto que puede acabar con la cercospora. De este modo, tendremos campos de remolacha sanos en nuestra región, cosechas con buenas perspectivas y una gestión más sostenible frente a las resistencias.

Nuestra organización hace un llamamiento al sentido común para que no se pongan cortapisas a lo que dice la ciencia en cuanto a seguridad en el uso de la tecnología e innovación agrícola en materia de herramientas de sanidad vegetal para la protección de cultivos ante enfermedades cada vez más severas y resistentes.

Cada vez son más las plagas y enfermedades de nuestras plantas y menos las soluciones disponibles en materia de sanidad vegetal y de herramientas fitosanitarias testadas y que garantizan los protocolos sanitarios y la seguridad alimentaria.  En este sentido, es clave para el cultivo de la remolacha una autorización excepcional para el UNIVOQ. Así se lo queremos trasladar a la Junta de Castilla y León para que los productores podamos acceder a la innovación y tecnología con el único objetivo de proteger nuestro cultivo, siempre con la premisa de la sostenibilidad y seguridad. 

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La Junta ha decidido escuchar a UPA y ha hecho pública la ampliación del plazo para la presentación de la solicitud única de ayudas de la PAC 2026 hasta el próximo 15 de mayo, tal y como recoge la edición de hoy del Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). 

Esta decisión, derivada de las condiciones meteorológicas de los últimos meses que han condicionado los planes de siembra de las explotaciones, permite que agricultores y ganaderos dispongan de quince días más para registrar sus solicitudes y, al mismo tiempo, conlleva que el periodo para realizar modificaciones y corregir errores quede establecido entre el 16 y el 31 de mayo. 

Con la ampliación del plazo también se pretende evitar penalizaciones por retraso en las presentaciones y facilitar que el mayor número posible de solicitantes cumplimenten adecuadamente sus documentos. 

La Consejería recuerda la importancia de no demorar la presentación, con el fin de que la tramitación por parte de la administración sea más ágil y eficiente, tener margen para corregir posibles errores y evitar retrasos en el abono de los anticipos. 

Controles preliminares 

Una vez finalizado el plazo de presentación, la Junta, que destaca la importancia de la colaboración activa del sector en estas fases iniciales del procedimiento, llevará a cabo un control preliminar de las parcelas declaradas, con la información disponible a fecha del cierre del plazo.  

Con ello se pondrá a disposición de los solicitantes los errores detectados en sus solicitudes, en especial los relacionados con solapes en las delimitaciones gráficas de las parcelas agrícolas, exceso de superficie respecto a los datos oficiales o posibles dobles declaraciones de una misma parcela por más de un agricultor. 

Este proceso informático de validación y cruce de datos con bases oficiales tiene como objetivo principal facilitar a los agricultores y ganaderos la revisión y corrección de errores dentro del plazo de modificación, evitando así reducciones en los pagos. 

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El plazo de la PAC 2026 finaliza el 30 de abril, y como ocurre en campañas anteriores  las comunidades autónomas tienen la posibilidad de prorrogarlo, cuestión ésta que nos parece necesaria en nuestra comunidad autónoma, dado que en amplías zonas de Castilla y León, sobre todo regadío, las prácticas agronómicas van con mucho retraso.

En este sentido, la petición de UPA va en consonancia a lo ya aprobado en otras comunidades autónomas como Castilla La Mancha, Murcia o Extremadura, y a la tramitación que está realizando en estas fechas otra región como Aragón. Además va en la línea de la decisión adoptada en Consejo de Gobierno por la propia Junta de Castilla y León de semanas atrás acordando declarar como “excepcional la campaña agrícola 2025-2026 debido a los fenómenos meteorológicos adversos registrados desde el pasado mes de noviembre”.

Consideramos que el Gobierno autonómico debe adoptar esta medida de ampliación del plazo de la PAC acorde a los problemas administrativos y a la necesidad que tiene el sector agrario regional ante los fenómenos meteorológicos graves que han afectado seriamente a las explotaciones agrarias de Castilla y León, y que de hecho han permitido el  establecimiento de excepciones al cumplimiento de algún requisito de la PAC 2026.

UPA recuerda que la excepcionalidad de la actual campaña agrícola se produce tras los continuos episodios de lluvia registrados en los meses de invierno y que han provocado efectos directos sobre las fincas de cultivo como la saturación del suelo; la imposibilidad de que la maquinaría pueda entrar en las parcelas, y dificultadas para la realización de siembras.

Nuestra organización considera una necesidad la ampliación del periodo PAC al menos hasta mediados de mayo, puesto que es el plazo natural que requieren los agricultores y ganaderos de Castilla y León para presentar su solicitud debidamente. Todo lo que no sea acogerse a esta opción sería incomprensible cuando el objetivo es que la tramitación, gestión y pago de las ayudas se realice en tiempo y forma para que ni un solo profesional castellano y leonés pierda fondos de las ayudas comunitarias.   

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Tras la eliminación de los racimos cosechados y no pudiendo entrar el producto en el circuito comercial, éste se podrá destinar a biodegradación en la parcela mediante esparcimiento sobre la misma, por lo que se incluye esta acción como actividad subvencionable hasta un máximo de dos pases de cultivador.

La cuantía de las ayudas varía según las Denominaciones de Origen, IGP y Vinos de Calidad. Desde los 22,41 euros/100 kilos en la D.O. Tierra de León a los 57,70 euros/100 kilos de la D.O. Ribera de Duero.

Para resolver cualquier duda de estas ayudas, los interesados pueden dirigirse a las oficinas de UPA en tu provincia.

#UPAMEAYUDA

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• Una muestra más de la especulación de las petroleras en nuestro país: El pasado 27 de febrero (un día antes del inicio de la Guerra) el barril de petróleo Brent cotizaba a 61,94 euros. Hoy lo hace a 84,25 euros. Y el gasóleo agrícola costaba, de media, el pasado 27 de febrero 0,96 euros/litro y hoy lo hace a 1,60 euros/litro  

• El precio del barril de petróleo Brent desde el 27 de febrero al 9 de abril ha subido un 36 %. El precio del gasóleo agrícola en ese mismo plazo de tiempo lo ha hecho en un 66 %

UPA CYL exige a las petroleras asentadas en nuestro país que bajen el precio del gasóleo agrícola “a plomo” tomando como referencia el descenso que ha habido en las últimas horas del barril de petróleo Brent.

El enésimo anuncio contradictorio del presidente Trump de las últimas horas, en este caso del alto del fuego durante 15 días en Irán, ha hecho bajar el precio del referente Brent, por lo que en lógica las petroleras ya están tardando en bajar el precio de los combustibles en los postes de las gasolineras, del mismo modo que hicieron al contrario una vez que se conoció el inicio del conflicto bélico en Oriente Medio, a finales de febrero.

UPA CyL considera una estafa que a día de hoy las empresas petrolíferas de nuestro país no hayan repercutido esta bajada del petróleo, y demuestra lo que llevamos denunciando desde hace tiempo y es el afán especulador de las mismas repercutiendo subidas de forma inmediata y demorando o negando bajadas cuando el precio petróleo baja sustancialmente, como es el caso de las últimas horas.

Muestra de esta especulación que denunciamos es que el pasado 27 de febrero (un día antes de la guerra el barril del petróleo Brent cotizaba a 61,94 euros) y el precio del gasóleo agrícola era de 0,96 euros/litro, y hoy jueves 9 de abril a primera hora de la mañana el barril Brent cotizaba a 84,25 euros y sin embargo el precio del gasóleo agrícola lo están pagando los agricultores al desorbitado precio de 1,60 euros/litro.

Recordemos que el mismo 28 de febrero, momento de la declaración de la guerra por parte de EE.UU e Israel contra Irán, el precio del petróleo subió como un cohete y desde el minuto uno el precio del gasóleo agrícola pasó de los 0,96 euros/litro a los 1,45 euros/litro, a pesar de que España contaba con reservas de combustible garantizadas para unos 93 días, por lo que denunciamos que estas maniobras tenían un nombre: “usura o especulación”.

Por este motivo, UPA CyL pedimos a las administraciones competentes que se dirijan  a los operadores y distribuidores petrolíferos con toda contundencia y les trasladen urgentemente la obligatoriedad de que apliquen de forma inmediata en los postes de consumo una  bajada del precio de las gasolinas y gasóleos en consonancia a la bajada del petróleo. 

En este sentido, UPA exige a las autoridades que no se les permita un doble robo: en las primeras horas de la Guerra cuando subió el precio del barril de petróleo Brent, y ahora con la bajada de las cotizaciones de ese barril Brent. En ambos casos, los profesionales agrarios estamos siendo víctimas “de los de siempre” enriqueciéndose sin escrúpulo alguno de una fuente de energía necesaria, estratégica e insustituible a día de hoy para mantener la producción de alimentos en niveles seguros y estables.

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Es una absoluta irresponsabilidad que el Itacyl avance datos, incluso con porcentajes, tomando como una única base el estado de las parcelas a finales del mes de marzo, cuando como bien conoce la propia administración regional los meses de abril y mayo son fundamentales para saber cómo será la campaña cerealista.

UPA lamenta que una campaña más nos encontremos con la misma situación surrealista de que el Gobierno autonómico  actúe en modo vidente, al estilo “Pitonisa Lola”, imaginamos que con poderes esotéricos innatos, para conocer por ejemplo que el trigo y la cebada de la región estarán un 19 y 24 %, respectivamente, por encima de la media histórica de los últimos 30 años.

No solo es una insensatez predecir cómo será el año a estas alturas, sino que es muy grave puesto que esta “burbuja artificiosa” creada por la propia Junta de Castilla y León dé alas una vez más a entidades que especulan con el cereal y que son responsables de los precios ruinosos que llevan percibiendo los cerealistas desde hace años.

Engordar artificiosamente las previsiones de cosecha es una maniobra que desde UPA  calificamos como claramente intervencionista para que intermediarios y almacenistas vuelvan a campar a sus anchas hundiendo precios para enriquecerse a costa de los productores.

Para nuestra organización es un absoluto despropósito que el Gobierno regional entre en este juego maquiavélico de anticipar en estas fechas que la campaña será buena, y desde luego parece responder a intereses de compradores sin escrúpulos que volverán a aprovechar estas previsiones para sus propios intereses. “Resulta una aberración que se realicen estimaciones `oficiales´ a estas alturas y que no se hagan, en todo caso, cuando corresponde, con estimaciones  ajustadas al sentido común que dicten datos reales, fidedignos y a pie de campo, elaborados por las distintas comisiones de estadística y desde luego no desde los despachos a finales del mes de marzo”, recuerda UPA.

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Bajo nuestro punto de vista, llevar a cabo esta medida supondría aliviar la situación límite que sufren los productores de remolacha, que ven como este cultivo cada vez tiene menos rentabilidad en nuestro país, y consideramos que poner coto a la importación de azúcar en bruto podría ser una de las actuaciones a desarrollar por parte de la Comisión Europea.

Las entradas de azúcar en nuestro país bajo este procedimiento, que supone importar en este caso sin pagar derechos arancelarios ni IVA,  está siendo sumamente lesivo para una región productora como Castilla y León provocando en muchos casos el abandono de un cultivo que en su día fue emblemático y muy social.

UPA CyL apunta que en el actual contexto del mercado mundial del azúcar en niveles tan bajos “estamos ante una excusa perfecta para que Azucarera, principal industria de nuestro país, anuncie continuas reducciones en las condiciones económicas de los contratos con los remolacheros”.

La entrada masiva en nuestro país de azúcar en bruto que trae la industria Azucarera es uno de los motivos de la situación límite que está atravesando desde hace tiempo el sector remolachero en Castilla y León y resto de España

Por este motivo, UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura que traslade a la Comisión Europea dicha petición “para que responda a la sensibilidad que conocemos hay en Bruselas con este asunto, en unos momentos en los que se están barajando diferentes actuaciones”.

Desde nuestra organización estamos convencidos de que España apoyará todas las medidas que supongan un alivio para un sector tan castigado como el remolachero, y en este sentido esperamos que traslade esta petición para que se aplique inmediatamente desde el ámbito comunitario.

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